En el ámbito laboral, las empresas necesitan herramientas que les permitan aclarar
situaciones complejas y actuar con base en pruebas fiables. Una de esas
herramientas es la investigación privada, que, cuando se utiliza dentro de la
legalidad, puede aportar información decisiva para resolver conflictos internos.
Un caso que ilustra bien esta realidad es la Sentencia nº 323/2025 del Juzgado de
lo Social nº 2 de Valencia. En ella se analiza el despido disciplinario de un trabajador
después de que la empresa MIRLO, SLU recurriera a un detective privado ante la
sospecha de que el empleado, estando de baja médica, realizaba actividades
económicas al margen de la empresa.
La investigación confirmó que el trabajador, D. Epifanio Gabarri, ofrecía
públicamente servicios de vuelos en parapente, atendía a potenciales clientes a
través del teléfono y aplicaciones de mensajería, y llevaba a cabo vuelos
remunerados, todo ello mientras percibía la prestación por incapacidad temporal.
Estas actuaciones, puestas de manifiesto por el detective, evidenciaron una clara
vulneración de la buena fe contractual y un uso fraudulento de la situación de baja.
Los hechos probados de la sentencia recogen cómo el detective logró documentar
la actividad paralela del empleado mediante diferentes pruebas, desde anuncios
públicos hasta gestiones con clientes reales, demostrando que la actividad
lucrativa era continuada y visible.
En los fundamentos jurídicos, la magistrada-juez Dña. Marcela Nogueira recuerda
que los detectives privados están habilitados para recabar información sobre
conductas de carácter privado, siempre dentro del marco que establece la Ley
23/1992, de 30 de julio. Asimismo, aclara que en este caso no se vulneró el derecho
a la intimidad del trabajador, ya que las actividades investigadas eran públicas y no
se desarrollaban en espacios protegidos.
La sentencia también alude al artículo 101.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre, que delimita qué tipo de hechos pueden ser objeto de investigación
privada, incluyendo los relacionados con el ámbito laboral y económico siempre
que no se realicen en domicilios o lugares reservados.
En conjunto, esta resolución pone de relieve el valor de la investigación privada
como herramienta legítima y eficaz para proteger los intereses de una empresa. El
trabajo de los detectives, cuando se ajusta a la normativa, permite obtener pruebas
claras y contrastadas que resultan fundamentales para combatir el fraude y
resolver conflictos laborales con garantías.
Puedes ver la resolución completa aquí.
